CASOSAISLADOS

La Fiscalía Anticorrupción pidió, hace casi un mes, más tiempo para conseguir un pacto global con los principales encausados por el saqueo de más de 150 millones de euros en las obras de urbanización de Plaza y hoy llegan a la sala de vistas con dicho acuerdo debajo del brazo.

Según pudo saber EL PERIÓDICO, ayer se rubricó en la capital aragonesa dicha conformidad de condenas entre los representantes del ministerio público, José Grinda y Juan José Rosa, y los abogados de buena parte de los acusados, entre los que se encuentran los considerados cerebros de la causa: el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril; el directivo de Acciona José María Jordán; el exdirector técnico de Plaza Miguel Ángel Pérez Cervantes, y el jefe de obra de Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld.

De dicho encuentro tan solo trascendió que de los 25 encausados en total tan solo dos de ellos podrían ingresar en prisión. Se trata de García Becerril y de Jordán, y que al menos cuatro procesados no admiten nada y, por lo tanto, la Audiencia Provincial de Zaragoza continuará el proceso judicial contra ellos. Es el caso del exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó, y de los empresarios Agapito Iglesias, Miguel Ángel Floría y Marimar Jaso.

DINERO RECUPERADO / Aunque las condenas, en lo referente a penas privativas de prisión, distan mucho de los 191 años que pedía Anticorrupción al inicio del causa, la recuperación del dinero malversado ha jugado un papel importante en este acuerdo.

Al dinero procedente del decomiso de los bienes y propiedades a los encausados que irá destinado al Estado hay que añadirle los 60 millones de euros que recibirá el Gobierno de Aragón por parte de Acciona, una de las dos empresas que conformaron la UTE que llevó a cabo las obras en la plataforma logística. El resto de la responsabilidad civil subsidiaria hasta llegar a los 147 millones de euros se realizará por el procedimiento del arbitraje judicial.

Aunque hasta ayer no se pudo firmar el acuerdo global, el pasado mes de septiembre se gestaron los primeros pactos. No fueron baladíes, ya que cada uno de los procesados que admitió hechos apuntalaba a alguno de los cerebros. los empresarios José Luis y Ramón Margalejo; el gestor Francho Chabier Blasco y el que fuera jefe de obra de la UTE conformada por Acciona y MLN, Alejandro Viñuales. A Blasco y a Ramón Margalejo les retiraron la acusación. De esta forma, los fiscales consiguieron el reconocimiento de que hubo falsedad documental en las certificaciones de trabajo para generar falsos sobrecostes.

Se trata de un acuerdo que se gestó en el primer aplazamiento de fecha de juicio. Con el segundo llegó otro importante, el constructor Francisco Hernández confesó que le hizo tres obras a García Becerril (la reforma de su apartamento de Salou y en otras dos fincas de la exmujer del exgerente en San Mateo de Gállego, y en una casa en Torres de San Lamberto) y que el pago de dichos trabajos los asumió la empresa pública Plaza. Añadió que, de todo ello, eran conocedores los directivos de Acciona Aragón.

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